Gobernanza agraria y derechos de acceso ambiental: Un enfoque socio-jurídico para la sostenibilidad rural en México

Resumen

La gobernanza agraria en México, cuya base territorial abarca el 51% del país, exige una construcción ontológica como un sistema complejo de relaciones socio-jurídicas orientadas a la sostenibilidad rural. El presente artículo problematiza las asimetrías de poder político, técnico y económico que sitúa a los sujetos agrarios en una posición de vulnerabilidad frente al extractivismo y el desarrollo industrial. Bajo un enfoque cualitativo-inductivo, se analiza cómo el trinomio de Escazú actúa como el mecanismo causal indispensable para corregir dichas asimetrías y transitar hacia un paradigma ecocéntrico. Desde las teorías de la justicia de Rawls y Honneth, la sostenibilidad rural requiere validar a los sujetos agrarios como guardianes legítimos de la biodiversidad. Los resultados, enmarcados en el fenómeno del enverdecimiento de las cortes y la Opinión Consultiva OC-32/25 demuestran que la asamblea ejidal debe fortalecerse como el núcleo de una democracia ambiental capaz de tutelar la función ecológica de la propiedad. Se concluye que otorgar facultades agroambientales a los Tribunales Agrarios es una medida precautoria prioritaria para garantizar la equidad intergeneracional y la paz social.

Abstract:

Agrarian governance in Mexico, whose territorial base encompasses 51% of the country, demands an ontological construction as a complex system of socio-legal relations oriented toward rural sustainability. This article problematizes the asymmetries of political, technical, and economic power that place agrarian subjects in a vulnerable position vis-à-vis extractivism and industrial development. Using a qualitative-inductive approach, it analyzes how the Escazú Agreement acts as the indispensable causal mechanism for correcting these asymmetries and transitioning toward an ecocentric paradigm. Drawing on the theories of justice of Rawls and Honneth, rural sustainability requires validating agrarian subjects as legitimate guardians of biodiversity. The results, framed within the phenomenon of the greening of the courts and Advisory Opinion OC-32/25, demonstrate that the Ejido Assembly must be strengthened as the core of an environmental democracy capable of safeguarding the ecological function of property. It is concluded that granting agro-environmental powers to the Agrarian Courts is an unavoidable precautionary measure to guarantee intergenerational equity and social peace.

Recibido: 16 abril 2026

Aceptado: 16 julio 2026